Así queda plasmado en la argumentación jurídica que ha elaborado el Gobierno sobre la aprobación del artículo 155 de la Constitución, cuyo contenido está analizando en estos momentos el Consejo de Ministros extraordinario convocado por Mariano Rajoy.

El documento, al que ha tenido acceso Servimedia, expone minuciosamente a lo largo de 10 páginas las razones que llevan al Ejecutivo de Mariano Rajoy a aprobar este sábado la aplicación del artículo 155 en Cataluña con medidas concretas que se detallan a continuación de esta motivación jurídica.

El Gobierno asegura que actúa ante "el incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado de la comunidad autónoma de Cataluña, por sus máximas instituciones gubernamentales y parlamentarias, de sus obligaciones constitucionales, a través de la puesta en marcha de un proceso de secesión".

En particular, el gabinete de Rajoy sostiene que la Generalitat de Puigdemont está actuando "con desobediencia rebelde, sistemática y consciente de los reiterados pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional, afectando de manera grave al interés general de España".

Aduce que el Tribunal Constitucional "ha constatado la voluntad de ruptura del marco constitucional en la distribución territorial del poder político, al pretender situarse a la comunidad autónoma de Cataluña como un ente soberano y, por tanto, no sometido en su toma de decisiones a la Constitución española de 1978 y a su Estatuto de Autonomía".

NEGACIÓN DEL ORDEN CONSTITUCIONAL

Se trata, por lo tanto, de "una manifiesta negación de todo el orden constitucional en su conjunto por cuanto intenta ni más ni menos que quebrar los principios constitucionales de unidad, igualdad y respeto a la ley, romper el modelo autonómico español, así como menoscabar la soberanía nacional que reside en el conjunto del pueblo español".

Lamenta que las pretensiones secesionistas de las autoridades catalanas "están motivando ya un serio deterioro del bienestar social y económico en la comunidad autónoma de Cataluña" que ha provocado "una progresiva fractura de la convivencia y que ha puesto en riesgo las condiciones para el crecimiento económico".

La motivación jurídica del Gobierno añade que el 155 está sustentado a la vez en "la grave afección al modelo de convivencia constitucional, a los derechos del conjunto de los españoles, titulares de la soberanía nacional, y ha generado daños ya constatables por la inestabilidad política generada que menoscaban el bienestar económico y social del conjunto de los catalanes".

Lamenta que el requerimiento enviado por Rajoy a Puigdemont no ha servido para reconducir la situación porque "resulta patente que la máxima autoridad de la comunidad autónoma no ha procedido a cumplir con lo ordenado" y tampoco hay constancia de que haya comunicado el requerimiento a la presidenta y a la Mesa del Parlamento de Cataluña "a fin de que restauren también el orden constitucional y estatutario".

Esto pone de manifiesto "su absoluto desprecio a la separación entre los poderes ejecutivo y legislativo, y evidenciando que ambas instituciones –Gobierno de la Generalitat y Parlamento de Cataluña- actúan como si de un solo poder y una sola voluntad se trataran".

Por todo ello, el Gobierno de España constata que "no ha sido atendido" el requerimiento formulado el pasado 11 de octubre y que es un paso previo indispensable para aplicar el 155, lo que supone reiterar "el incumplimiento frontal de las obligaciones constitucionales y estatutarias por la comunidad autónoma de Cataluña, con grave riesgo al interés general".