Explicó que presenta esta iniciativa debido a que “la ambigua definición de estos imprevistos hace que se puedan aumentar gastos mal presupuestados o cuyo rigen no se puede justificar”.

Gutiérrez manifestó que para “evitar esta situación proponemos una ley que regule y defina con claridad el citado Fondo de Contingencia, que tiene como fin último atender imprevistos para evitar alterar el equilibrio presupuestario”.

En la propuesta legislativa, a la que tuvo acceso Servimedia, se señala que “aunque la ley prevé la constitución de un Fondo de Contingencia por parte de las comunidades autónomas, son las propias administraciones autonómicas las que, en el ámbito de sus respectivas competencias, han de regular su cuantía y las condiciones de aplicación”.

Tras exponer que en la Comunidad de Madrid la cuantía de ese fondo es para 2017 el 0,5% del presupuesto no financiero, en la iniciativa se indica que “pese a que la regulación define una cuantía concreta, la ambigüedad de la definición de ‘no discrecional y no prevista’ hace necesario establecer ciertos parámetros que ayuden a concretar los posibles destinos del Fondo de Contingencia para evitar su asignación al aumento de gastos mal presupuestados o a gastos cuyo origen no pueda ser debidamente justificado”.

Podemos propone “priorizar como destinos, además de aquellos gastos generados por hechos imprevistos como accidentes o generados por las condiciones del tiempo, los imprevistos de naturaleza social. En este último caso, es indispensable realizar una correcta definición de lo que se entiende por ‘gasto social’ con el fin de evitar incluir en este término a todos los gastos que compongan, a nivel presupuestario, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda, la subvención al transporte público y el desarrollo de políticas de empleo”.

Asimismo, añaden los autores de la iniciativa, “la incorrecta interpretación de ‘social’ ha llevado al Gobierno de la Comunidad de Madrid a presumir de dedicar un porcentaje elevado del presupuesto a destinos sociales cuando, por ejemplo, se han destinado 23 millones de euros del presupuesto de 2016 para Educación, Juventud y Deporte a sentencias judiciales de las universidades madrileñas o recientemente 66 millones de euros a la sentencia por deudas sanitaria de la anterior legislatura, gastos que no tienen una naturaleza social”.

Podemos aclara que ‘gasto social” ha de ser el dinero “destinado a cubrir las necesidades básicas de las personas, que fomenten la cohesión social, la equidad y la solidaridad en la Comunidad, además de ser mecanismos eficaces para la distribución de la riqueza, contribuyendo a reducir la desigualdad en la región”.