El acuerdo fue firmado en Madrid el 30 de mayo de 2017 por el ministro de Justicia español, Rafael Catalá, y el embajador de India en España, Venkatesh Varma, y se configura como un instrumento de cooperación jurídica entre ambos países que permitirá a los españoles condenados a penas privativas de libertad en India cumplirlas en España.

De este modo, se evita el desarraigo social que se produce por el internamiento de los presos en un país diferente a su país de origen. A su vez, los ciudadanos indios condenados a penas privativas de libertad en España podrán cumplirlas en India.