Esta declaración, aprobada con motivo del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, que se celebró el 18 de octubre, hace hincapié en que el Ejecutivo muestra su “condena a esta grave violación de los derechos humanos, cualquiera que sea su forma” y, por otro, “su firme compromiso en la prevención y en la lucha contra la trata de seres humanos”.

En este sentido, el Gobierno detalla los compromisos internacionales y nacionales que ha asumido el Ejecutivo para acabar con esta lacra, entre las que destacan la Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril, relativa a la Prevención y Lucha contra la Trata de Seres Humanos y a la Protección de las Víctimas, así como la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social.

“Este Gobierno se reafirma en la necesidad de contar con todos, de aunar esfuerzos con otros organismos e instituciones del tercer sector para hacer que nadie quede atrás, para lograr que los derechos de nadie sean perturbados”, prosigue el comunicado, quien remarcó que el Ejecutivo “tiene el convencimiento de que cualquier avance pasa indefectiblemente por la necesaria coordinación y cooperación de todos los agentes, tanto públicos como privados, así como de los diferentes niveles territoriales”.

A juicio del Gobierno, el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación Sexual 2015-2018, que se encuentra en su tercer año de ejecución, constituye un claro ejemplo de que la acción contra la trata exige el diseño de una política integral y multidisciplinar, implicando necesariamente a instituciones y administraciones públicas, así como a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.

Por último, la declaración institucional añade que “el Gobierno es consciente de que la trata de seres humanos es un delito en continua evolución” y de que “se precisa una labor de sensibilización social, de condena y de colaboración”, aunque celebra que el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género “viene a demostrar que cuando existen razones fundadas y el firme convencimiento de una sociedad, los principios y valores que ésta propugna son capaces de lograr la acción decidida de una y otras fuerzas políticas”.