En un receso de la reunión del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que preside la ministra del ramo, Dolors Montserrat, García explicó que se pretende recuperar el nivel mínimo que en 2012 se recortó un 15%. Se ha acordado "reintegrar para el año próximo al menos un 5% de lo perdido" respecto a 2012, dijo.

En el encuentro, los consejeros de Asuntos Sociales y los responsables del Ministerio analizaron el borrador de real decreto para fijar -y elevar- el nivel mínimo de financiación del Sistema de Dependencia, que en su última versión preveía un aumento medio de 5,66 euros al mes por usuario.

Según el texto que manejan los consejeros, la prestación mínima garantizada para los dependientes de grado 1 subirá 3,05 euros al mes, al pasar de 44,33 a 47,38 euros mensuales; la de los dependientes de grado 2 aumentará 1,65 euros al mes, llegando a los 84,49 euros, y la de los de grado 3 se incrementará en 12,27 euros mensuales, pasando de 177,86 a 190,13 euros al mes.

En la reunión se presentó también el informe de la Comisión para el Análisis de la situación actual del Sistema de la Dependencia, su Sostenibilidad y los actuales mecanismos de Financiación, encargado en la última Conferencia de Presidentes autonómicos para evaluar su adecuación a las necesidades asociadas al sistema.

El texto, que fue aprobado por unanimidad entre Estado y comunidades autónomas, pide recuperar todos los recortes de 2012.

Asimismo, defiende "la equivalencia de los esfuerzos financieros" entre Estado y autonomías, es decir, lograr un reparto del 50/50 en el nivel de financiación, tal y como contemplaba la ley de 2006.

En la actualidad, más del 80% de la atención a los dependientes recae en las autonomías, algo que todos los consejeros socialistas presentes en el encuentro lamentaron.

Hubo también consenso a la hora de acordar un sistema de acreditaciones profesionales para reconocer la experiencia laboral en el sector, así como a la hora de establecer los requisitos exigidos en la prestación de los servicios de teleasistencia avanzada.