En un comunicado, la central destacó que la ley, “sin cubrir plenamente los objetivos de CCOO, implica un sustancial avance sobre la legislación existente”.

En este sentido, incidió en que es importante que incorpore el objetivo de que la contratación pública se realice teniendo en cuenta aspectos de índole social (garantía del empleo, respecto a los convenios colectivos, aspectos medioambientales) y no solo criterios económicos que suelen terminar derivando en rebajas de derechos laborales y salariales.

Entre las novedades incorporadas a la ley destaca el mandato expreso de su primer artículo de incorporar criterios sociales y medioambientales, lo que sitúa la contratación pública ante un foco radicalmente distinto al existente, según CCOO.

Además, incorpora nuevas garantías para evitar las propuestas “temerarias” que en ocasiones se producen, como que en el presupuesto de licitación se obligue a desagregar por categoría los costes salariales, partiendo de los indicados por el convenio colectivo, la obligatoriedad de que el órgano de contratación excluya del proceso las ofertas anormalmente bajas que se presuman inviables o el establecimiento de penalizaciones en caso de que los contratistas incumplan las obligaciones medioambientales, sociales y laborales, como el retraso del pago de salarios o los incumplimientos del convenio colectivo.

Por otra parte, la norma contempla que la subrogación operará obligatoriamente no solo cuando lo establezca la ley o el convenio colectivo, como hasta ahora, sino también cuando lo establezca un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, abriendo con ello el campo de actuación a los acuerdos marco de ámbito territorial y a los acuerdos de cada administración en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Para CCOO también cobra relevancia la obligación que se impone a las administraciones públicas de subrogar al personal que prestaba un servicio externalizado, cuando decida prestarlo directamente, siempre que así se prevean en los mismos instrumentos normativos o convencionales citados anteriormente.

Finalmente, el sindicato se congratuló del rechazo que recibieron tres enmiendas presentadas por el PP en el trámite del Senado y que pretendían reforzar la preferencia en la aplicación de los convenios colectivos de empresa frente a los sectoriales.