Esta decisión de la comisión, que se adoptó por unanimidad, supone un nuevo intento de acceder a ese documento de la JUR sobre la resolución de la entidad a primeros de junio, un proceso que acabó con la venta de la entidad al Santander por un euro.

La comisión defiende que hay un “interés objetivo, de naturaleza constitucional, en poder ejercer las competencias que el Parlamento español le ha atribuido e investigar, en beneficio de todos los ciudadanos de España, las diversas cuestiones relativas a la crisis financiera de la que la resolución del Banco Popular es una muestra evidente”.

En el texto remitido a la JUR se afirma que es “de justicia” acceder a ese informe y se rechazan los argumentos planteados por el organismo europeo para negar el acceso al informe.

Además, considera que la JUR no ha valorado “de manera suficiente el carácter y la naturaleza de la función que la comisión de investigación tiene atribuida”.

El propio presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), Jaime Ponce, ha defendido en el Congreso la necesidad de hacer el “máximo esfuerzo de transparencia” y se ha mostrado a favor, con las “debidas cautelas”, de que la Junta Única de Resolución haga público el informe.

En todo caso, apuntó que la Junta Única de Resolución justifica su postura por “prudencia” y para evitar posibles impactos que podría tener. La JUR, recordó, es “propietaria del documento y del procedimiento, y ha de ser quien decida el tratamiento de la confidencialidad”.