Sánchez Rubio realizó estas declaraciones antes de participar en la reunión del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, donde se presentará el informe de la Comisión para el Análisis de la situación actual del Sistema, de su Sostenibilidad y de los actuales mecanismos de Financiación, a fin de evaluar su adecuación a las necesidades asociadas al sistema.

A su juicio, el encuentro es de "una importancia extraordinaria para garantizar la sostenibilidad económica y organizativa del Sistema de la Dependencia", y el documento que hoy abordarán supone la conclusión de los trabajos realizados estos meses entre el Ministerio y las comunidades autónomas.

Dijo que la sostenibilidad de los servicios de dependencia precisa de "una financiación equilibrada" entre Estado y comunidades autónomas, y afirmó que con el documento que hoy se presenta el Estado "reconoce su déficit de financiación acumulado".

"Esperamos que lo reconozca y lo resuelva", dijo, y recordó que el informe será remitido a la Conferencia de Presidentes que se celebrará posiblemente a finales de año.

En Andalucía, la Junta asume el 82% del presupuesto total de dependencia (unos 1.200 millones), mientras que el Estado se queda en el 18% (200 millones), lamentó. Sánchez Rubio subrayó que Andalucía no renuncia a exigir "el 50/50 en la financiación, que era el espíritu de la ley".

Asimismo, reclamó que la financiación a las comunidades autónomas para sufragar esta prestación "tenga carácter finalista" y reivindicó su tratamiento como "derecho subjetivo".

"Igual que cuando el presupuesto de las pensiones no contributivas se amplía cuando se acaba, lo mismo debería suceder con la dependencia. No se puede decir que esta es la cantidad que hay" y se acabó, sino atender en función del número de usuarios, concluyó Sánchez Rubio.

Además, en el encuentro también se abordará el proyecto del real decreto que fija -y eleva- el nivel mínimo de financiación garantizado a los beneficiarios de la Ley de Dependencia.

Según este borrador, el Gobierno plantea una subida del Nivel Mínimo Garantizado de 17,66 euros mensuales para los dependientes de Grado III, que pasarían de 177,86 a 195,52 euros al mes; de 2,87 euros al mes para los dependientes de Grado II, que subirían de 82,84 a 85,71 euros mensuales, y de 10,78 euros para los dependientes moderados, que pasarían de 44,33 a 55,11 euros al mes. La subida media sería de 10,4 euros al mes.