Según informó el Consejo General de Economistas, “en ninguna ciudad española, independientemente del modelo de gestión del suministro, la factura del agua supera el 2% de la renta disponible de las familias y en 42 de las 79 principales no llega al 1%”. Así, el precio del agua en España se encuentra, según el observatorio “lejos, claramente, del 3% que señala la ONU como máximo razonable”.

En comparación con el resto de países europeos, el estudio refleja que el precio unitario del ciclo integral del agua (después de aplicar el IVA y otros tributos) en España sólo es inferior al que pagan los consumidores domésticos en Portugal, Hungría, Polonia, Rumanía, Bulgaria e Italia.

Por otro lado, comparando el esfuerzo que los hogares de cada país han de hacer para pagar la factura del agua en relación con su renta, el esfuerzo que las familias españolas hacen en promedio es el segundo menor de Europa, tras Italia.

En lo que respecta al modelo de gestión del suministro, el estudio recoge que la empresa privada participa en la gestión del servicio urbano de agua, aproximadamente, en el 23% de los municipios en España, “aunque suelen ser municipios de tamaño más elevado que la media y por eso engloban el 55% de la población”.

Además, según el observatorio “no existe correlación entre precio del agua y sistema de gestión, sino que más bien se aprecia una relación de tipo geográfico, puesto que la mayoría de las ciudades con un índice de esfuerzo superior a la media son insulares o se sitúan en las zonas muy secas”.

En este sentido, el informe señala que “en las ciudades en las que hay una penalización más significativa del despilfarro de agua el modelo de gestión dominante es el indirecto (concesión o empresa mixta)” y de las 20 ciudades que fijan un precio más bajo para el bloque básico, diseñado para asegurar que los hogares tengan acceso a un volumen de agua considerado básico a un precio razonable, 14 tienen un sistema de gestión indirecta.