La convalidación del decreto ha salido adelante con 337 votos a favor de todos los diputados presentes en el Hemiciclo, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios.

Esta prórroga extraordinaria del plan Prepara fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 6, dotándola con 65 millones de euros, con el objetivo de que aquellas personas desempleadas que tienen especiales condiciones de vulnerabilidad puedan beneficiarse de la ayuda de 425 euros mensuales.

La prórroga, prevista como la última, se aplicará hasta el 30 de abril de 2018 con carácter retroactivo desde el 15 de agosto de 2017, cuando dejó de estar en vigor tras bajar la tasa de paro del 18%, umbral que hasta ahora determinaba su renovación automática.

Casi un millón de personas (954.935) se han beneficiado del Prepara desde su entrada en vigor en 2011. De ellas, un 75% (721.215) lo han hecho desde 2012, habiendo accedido a la ayuda mejorada del 85% del Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) 86.920 personas.

Durante el debate en la Cámara Baja, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, defendió la prórroga del Plan Prepara con el objetivo de “dar oportunidades a quienes más lo necesitan” y continuar con la mejora del empleo como “prioridad nacional”.

Báñez también valoró la unanimidad con la que el Gobierno y todas las comunidades autónomas acordaron atribuir al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la competencia para gestionar el Prepara hasta el 30 de abril de 2018, tras una sentencia del Tribunal Constitucional que encomendaba a las regiones la gestión de los recursos de este programa.

En esta línea, la diputada Carolina España, del Grupo Popular, destacó la importancia de llegar a este acuerdo a través del diálogo con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas y defendió la política de empleo del Gobierno del Partido Popular y que éste había mejorado el Prepara respecto a cuando entró en vigor en 2011 durante el gobierno socialista.

INSUFICIENTE PARA LA OPOSICIÓN

Entre los grupos de la oposición, Josefa Inmaculada González, del PSOE, destacó la importancia del Prepara para la protección de las personas desempleadas más vulnerables, así como para la contratación de quienes prestan servicios en los hogares y los jóvenes que realizan investigación científica en el sector público, pero lamentó que “estas soluciones lleguen tarde, con falta de ambición y con muy poco recorrido” y señaló que con una ayuda de unos 400 euros “ninguno puede vivir bien en este país”.

Por otro lado, Isabel Franco, diputada de Unidos Podemos, mencionó que el Gobierno llevaba a la Cámara Baja este decreto para “deshacer los problemas que el desastre en el Ministerio de Empleo está causando, las meteduras de pata en los últimos Presupuestos Generales del Estado, y su pésima gestión de la lucha contra la pobreza y el desempleo”.

Franco, además, criticó al Ejecutivo por “repetir el mantra de que la recuperación ha llegado” y considerar que “tener un trabajo de mierda es la mejor política laboral”.

El diputado de Ciudadanos Saúl Ramírez recordó que sigue habiendo más de dos millones de larga duración en España, por lo que criticó a Báñez que con su estimación de 54.000 beneficiados al año por el Prepara, se tardarían más de 40 años en acabar con el paro de larga duración. Así, Ramírez dudó de la eficacia del Plan, definiéndolo como “un parche” y propuso como alternativa el contrato de formación.

Por parte del PNV, Íñigo Barandiaran utilizó su intervención para pedir al Gobierno que de la misma forma que ha sacado adelante el Plan Prepara a pesar de los obstáculos legislativos, utilizase la ley como solución y “no como un martillo” en el conflicto catalán.

Por el Grupo Mixto, Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, mostró su apoyo a la prórroga del plan y compartió el objetivo del Gobierno de alcanzar los 20 millones de personas trabajando, pero destacó las malas cifras de creación de empleo en Asturias y las consecuencias negativas generadas por el conflicto catalán.