Las mismas fuentes señalaron que el objetivo del plan de restricciones es ahorrar en torno al 20 por ciento del consumo de agua de Cádiz.

Entre las medidas previstas por algunos gobiernos municipales afectados figura la aplicación de sanciones a los usuarios que superen los límites de consumo de agua establecidos por vivienda, con multas de hasta 25.000 pesetas y el corte del suministro en cas de reincidencia.

Las autoridades gaditanas han prohibido también el riego y lavado de coches con agua potable, así como el uso industrial de los acuíferos que no sea el autorizado.

Algunos responsables municipales han expresado sus protestas por las restricciones, como el alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, que se ha mostrado dispuesto a emplear aguas residuales y animar a la desobediencia civil activa si la localidad sufre cortes en el suministro.

Desde hace siete años, las autordades regionales y autonómicas estudian la ejecución de un trasvase de agua del río Guadiaro al embalse de Guadalcacín, mediante un canal subterráneo cuyo coste ascendería a unos 11.000 millones de pesetas.

El objetivo de la obra es reducir los efectos de las sequías sistemáticas que sufren los municipios objeto de las restricciones, cuya principal fuente de abastecimiento es el pantano de los Hurones, actualmente al 43 por ciento de su capacidad, como consecuencia de las escasas lluvias caídas durant el invierno.

Sin embargo, el proyecto cuenta con una fuerte oposición de colectivos ecologistas, por considerar que dañaría seriamente el entorno de la zona.