El estudio, elaborado por el capellán de prisión José Sesma, la colaboradora social María uisa Pascual y el profesor José González Faus, indica que entre el 80 y el 90 por ciento de los reclusos abandonaron sus estudios entre los 13 y los 17 años y sólo un 2 por ciento siguió un proceso de educación normalizada.

Según los autores, la inmensa mayoría de los presos se encuentran en paro o realizando trabajos esporádicos en el momento en que ingresan en prisión.

En la tipología que establece el estudio sobre las personas que se ven obligadas a vivir "juntas y revueltas" en las cárceles epañolas figuran los delincuentes "profesionales", "accidentales", "ideológicos" y "forzados".

El grupo más amplio, aproximadamente dos tercios, está compuesto por los "forzados", definidos como aquéllas personas que, por circunstancias ajenas a su voluntad (familiares, sociales, culturales) han tenido que sobrevivir al margen de la ley.

Se trata de personas nacidas de padres que estuvieron presos y que carecen de medios personales, familiares y sociales, que les permitan salir del mundo marginal n el que viven y reintegrarse en la sociedad como seres libres.

Estos datos, junto con la masificación de las cárceles españolas, sus condiciones físicas y los problemas sanitarios y de drogadicción de la población reclusa, que también se analizan en el estudio, permiten a los autores concluir que "nuestras cárceles no cumplen con el fin primordial que, según la ley, deben perseguir las instituciones penitenciarias: reeducar y reinsertar socialmente a los sentenciados a penas privativas de libertad". El estudio denuncia que la prisión es vista como una institución destinada a tranquilizar al ciudadano de la calle, pero que "martiriza y termina por degradar al que ingresa".