Esta proposición, que se debatirá en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, señala que “la aprobación de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, generó expectativas, pero lejos de ser un paso adelante, apenas ha desplegado ningún efecto”.

Este martes se ha aprobado una moción en el Senado con el mismo texto, aunque tras una negociación con el resto de grupos parlamentarios se acordó ampliar el plazo a seis meses, en lugar de los tres iniciales que proponía la iniciativa.

La proposición pide al Gobierno la aprobación el Programa de Impulso de las Entidades del Tercer Sector de Acción Social, la regulación del Consejo Estatal de Organizaciones No Gubernamentales de Acción Social, la regulación del estatuto de las organizaciones sociales como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado y la creación y puesta en marcha del inventario de entidades sociales.

En la exposición de motivos, el PSOE hace hincapié en que el Tercer Sector de Acción Social, engloba a unas 30.000 entidades cuya actuación proporciona servicios sociales de apoyo directo a más de siete millones de personas y añade que su importancia económica es “muy relevante” considerando, que su actividad representa el 1,5 % del PIB y que trabajan en él unas 645.000 personas, a las que hay que añadir cerca de 1.300.000 voluntarios que colaboran y participan en su actividad.