El CERMI explicó este sábado en una nota que ha enviado a la ONU un informe sobre derechos humanos y discapacidad, en el que señala que "la discapacidad nunca puede ser un hecho relevante que permita o determine tratos desiguales contrarios a los derechos de las personas con discapacidad".

En el caso de la legislación española en materia de interrupción del embarazo, hasta las 14 semanas de gestación, la decisión de abortar no está asociada a la acreditación previa de ningún estado o situación, sino que es libre.

A partir de esa semana, y hasta la 22, la interrupción del embarazo ya no es libre y sólo se permite en ciertos supuestos ("causas médicas"), uno de los cuales es el de la presencia de una discapacidad grave ("riesgo de graves anomalías", en la terminología de la ley) en el feto.

Para el CERMI, este tratamiento especial ligado a la discapacidad es precisamente el elemento discriminatorio que mantiene la nueva legislación española y por lo que, en su opinión, está en desacuerdo con el Tratado internacional que protege los derechos de las personas con discapacidad.

En sus informes al órgano de Naciones Unidas encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención por los Estados parte, entre ellos España, el CERMI planteará específicamente esta cuestión y pedirá al Comité de Seguimiento que determine con claridad si el mantenimiento del aborto eugenésico es compatible o no con el Tratado internacional, y en caso de que sea contrario, que inste a España a acomodar sus leyes a la Convención.