Estas agencias realizarán labores de inserción con carácter integral, ofreciendo orientación, formación, intermediación, ayuda en la búsqueda de empleo, captación de ofertas o promoción de candidatos.

Como paso previo, el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid remitirá a las adjudicatarias la relación de desempleados a atender, que deberán estar inscritos como demandantes de empleo en dicho servicio y pertenecer a uno de los colectivos comprendidos en los contratos.

Los servicios serán gratuitos tanto para la persona desempleada como para la empresa que la contrate, sin que la agencia de colocación pueda percibir otra remuneración por sus servicios.

Asimismo, indicó Garrido, las agencias se comprometen a atender a un número mínimo de desempleados que se determina para cada lote, distribuidos en función de la edad y el tiempo de desempleo.

“De esta forma, el contrato se divide en ocho lotes diferenciados en función de los perfiles de los demandantes de empleo: desempleados con discapacidad igual o superior al 33%, en riesgo de exclusión beneficiarios de la RMI, menores de 30 años que no tengan más de 12 meses en desempleo, parados de larga duración: menores de 30 años, madrileños de entre 45 y 54 años, mayores de 55 años; madrileños de entre 30 y 44 años parados de muy larga duración y mujeres desempleadas que no encajen en los perfiles anteriores”, indicó.

El pago a la adjudicataria está vinculado al éxito de la inserción, y no percibirán la totalidad de la cantidad a percibir hasta haber conseguido la inserción laboral de los candidatos.

A su juicio, la práctica totalidad de la cuantía, el 85%, se recibirá una vez haya sido efectiva la inserción laboral del desempleado, y el 15% cuando se pueda constatar que las agencias de colocación han trabajado con el desempleado prestándole asesoramiento, mediación o cualquier otro aspecto recogido en los pliegos del contrato.

A todo ello hay que añadir una cuantía adicional de 500 euros en el caso de la contratación de personas con especiales dificultades de contratación, entre ellas personas con discapacidad y en situación de exclusión.