En un artículo analítico sobre la evolución de la inversión pública durante la crisis y la recuperación publicado este martes, el supervisor hace balance y pone de relieve que la inversión de las administraciones públicas españolas se situó en 2016 en el 1,9% del PIB, un nivel inferior al promedio europeo y al del período 1970-2016, en el que se situó en el 3,6% de media.

Asimismo, su peso en el total de la inversión de la economía fue inferior al 10% en 2016, por debajo del 15% que supuso en promedio en las últimas cinco décadas.

Por otra parte, el Banco de España constata que la contribución de la inversión pública al proceso reciente de consolidación fiscal “excedió su peso en el gasto público”.

En este sentido, señala que una partida presupuestaria que supone algo menos del 10% del gasto primario total, como es la inversión pública, fue responsable de cerca del 60% del ajuste total de la economía española.

De este, en torno al 45% del total de la inversión de las administraciones públicas en 2015 se realizó en el ámbito de los ‘asuntos económicos’, que incluye, en particular, el gasto en infraestructuras, mientras que la inversión en ‘servicios públicos generales’ supuso cerca del 15% del total, y la de ‘defensa’ y ‘salud’, cerca de un 10%, en ambos casos.

En este escenario, el supervisor señala que la colaboración público-privada presenta “importantes” beneficios a la hora de proveer de infraestructuras y servicios públicos, y en particular, destaca que “España ha utilizado en mayor medida que otros países de nuestro entorno los PPP (acuerdos público-privados) para canalizar proyectos públicos de inversión con la colaboración del sector privado”.

Con respecto a la dinámica más reciente, el volumen de inversión de los PPP en España descendió paulatinamente desde 2009, aunque en 2014 se situaba todavía por encima de la realizada en los años 90, de manera que la reducción más reciente de la inversión de los PPP ha sido “relativamente menos acusada” que la de la inversión pública en su conjunto.