El repositorio, que fue presentado el pasado 12 de enero, es de acceso público en la web 'www.poderjudicial.es' y permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.-, que se actualizan trimestralmente.

Se trata de delitos recogidos en el Código Penal como prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (art. 286, 3º y 4º).

Durante el segundo trimestre del año, los juzgados y tribunales dictaron 43 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 30 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 69,8% del total.

En ese período ha habido 60 personas condenadas. Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por este orden, los de malversación, prevaricación administrativa y prevaricación urbanística.

El pasado 1 de octubre había en toda España 78 penados por este tipo de casos, de los cuales 42 habían sido condenados por malversación como delito principal y otros 21 por cohecho, y hay también 12 presos preventivos.