Lamela destaca en un auto en el que establece las medidas cautelares tanto para Trapero como para la intendente de los Mossos Teresa Laplana que el delito que se imputa a los investigados es “muy grave” y conlleva penas de más de 10 años de prisión. Ahora bien, dice que hay que tener en cuenta que ambos tienen domicilio conocido y trabajo estable.

En relación con la actuación del mayor de los Mossos, la jueza rechaza la petición de prisión incondicional hecha por la Fiscalía con el argumento de que no existe riesgo de reiteración delicitiva ni de fuga.

En el caso de Laplana, asegura que no se conocen actuaciones suyas anteriores o posteriores a los hechos que se están investigando de contribución a la causa independentista, por eso considera que “no hay peligro de reiteración delicitiva” y que tampoco existe riesgo de destrucción de pruebas.

La magistrada recuerda que tanto Trapero como Laplana están siendo investigados por los hechos acaecidos los pasados días 20 y 21 de septiembre cuando la comisión que acudió a efectuar el registro de la consejería de Economía por orden judicial fue asediada durante 18 horas por un grupo de manifestantes.

Estima que lo que ocurriera en los días anteriores y posteriores pueden ser tenidos en cuenta para “clarificar y entender” lo sucedido en esa jornada y determinar “cual pudiera ser el ánimo que presidía la actuación de los investigados, pero no para determinar en este momento nuevas imputaciones”.

Lamela explica en su auto que el jefe de los Mossos ha declarado que ordenó la apertura de pasillos para que pudieran salir los detenidos, pero que no se llegaron a utilizar en los momentos previstos. Indicó, también que decidió no actuar contra la multitud, porque dado su volumen se podría haber generado “una grave alteración del orden público sin consecuencias prácticas”.

Entiende la jueza que estamos antes “hechos muy graves” que pueden constituir un delito de sedición. Relata en su auto como los responsables de la Guardia Civil reclamaron hasta en siete ocasiones documentadas desde las 09.15 horas de la mañana hasta el filo de la media noche la intervención de los Mossos para restaurar el orden público y que la intendente Laplana la negó hasta que una llamada directa del juzgado número 13, que dirigía la operación de registro, al mayor Trapero logró que se ejecutara la orden de acabar con el asedio de la Consejería de Economia.

La Fiscalía pidió este lunes prisión incondicional para Trapero. El ministerio público ve indicios sólidos de que hubo "inacción" en la actuación del cuerpo policial autonómico durante el asedio a la comisión judicial que registró la sede de la Consejería de Economía.

Trapero comenzó su comparecencia a las 13.45 de este lunes. Con anterioridad, la magistrada tomó declaración a tres testigos y a la teniente de los Mossos Teresa Laplana, que realizó su declaración por videoconferencia desde Barcelona. La Fiscalía pidió para Laplana prisión eludible bajo fianza de 40.000 euros.