Trapero acudió la semana pasada a la Audiencia Nacional vestido de uniforme. Esta vez llegó de paisano aconsejado por sus abogados, Josep Lluis Florensa y Mari Pau Martí. Lo que sí se ha repetido es la composición de la comitiva que le acompaña, formada por sus letrados y los comisarios de los Mossos, Joan Carles Molinero y Ferrán López.

El mayor está acusado de un delito de sedición, castigado con hasta 15 años de cárcel, y su comparecencia precede, al igual que ocurrió hace 10 días, con las de los responsables de la Assamblea Nacional de Catalunya (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

La declaración de los tres quedó aplazada por petición de la Fiscalía, que pidió tiempo para estudiar un nuevo atestado de la Guardia Civil sobre los hechos acaecidos durante los registros de la sede de Economía, el pasado 20 de septiembre. En esa primera comparecencia, Trapero argumentó que no tuvo tiempo de preparar el dispositivo de seguridad porque se le avisó tarde de los registros.

El jefe de los Mossos acude a la Audiencia con una gran cantidad de informes y documentos gráficos que pondrá a disposición de la magistrada y el fiscal.

MEDIDAS CAUTELARES

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el viernes 6 el aplazamiento de la declaración del mayor de los Mossos d'Esquadra, tras haber recibido un nuevo informe de las Fuerzas de Seguridad con material probatorio sobre lo sucedido en Cataluña los días 20 y 21 de septiembre y los días anteriores y posteriores. Ese es el motivo principal por el que el fiscal no decidió sobre la solicitud de medidas cautelares.

El ministerio público, que recibió esa misma mañana un dossier de centenares de folios y varios documentos audiovisuales de las Fuerzas de Seguridad, los trasladó a las partes y pidió la suspensión para evitar que las defensas pudieran alegar "indefensión".

Fuentes de la Fiscalía aseguraron que a la vista de la nueva documentación podría haber nuevos imputados, ninguno de ellos con responsabilidades políticas, e incluso se podría ampliar el número de delitos que se les atribuyen y las fechas de los hechos investigados para extenderla hasta el 1 de octubre.

Según una nota de prensa difundida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el nuevo atestado policial “puede resultar trascendente” para determinar en toda su dimensión el alcance de la imputación a los cuatro investigados y, en consecuencia, la posible petición de medidas cautelares en su contra.