En un escrito de 21 folios elaborado por el coordinador de Justicia y Seguridad del PP, Federico Trillo, la dirección nacional del principal partido de la oposición solicita a Pedreira la "no inhibición" de las diligencias realizadas sobre el posible delito de cohecho cometido por Camps dentro de la trama "Gürtel".

Los populares consideran que no se puede separar la causa y remitirla a Valencia "por no estar acreditados los hechos que imputa la Fiscalía", así como "por no estar acreditada la participación en tales hechos" del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y del ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa.

El PP arremete en su recurso contra el juez Pedreira por haber tenido en consideración un informe del fiscal que "carece del rigor y objetividad que requeriría a fin de poder fundamentar el acuerdo de inhibición".

En su opinión, "el Ministerio Fiscal presenta una visión fáctica, parcial, subjetiva e incluso tendenciosa y un análisis jurídico tan equivocado como incompleto, que han provocado una desacertada respuesta del instructor (Pedreira) que valida lo informado por la Fiscalía presumiendo su bondad y sin ahondar en los vicios que aquí y ahora se describirán".

El PP reclama por ello que Pedreira revise su decisión en lugar de inhibirse en lo referido a Camps en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al entender que semejante decisión está tomada "no de forma parcial, subjetiva e interesada".

Asimismo, intenta echar por tierra el argumento de que Camps incurrió en un presunto delito de cohecho al admitir regalos de una red de empresas a la que había adjudicado contratos públicos e insiste en que "no hay nuevas pruebas que permitan desvirtuar lo ya consignado por el TSJCV en cuanto a que los regalos fueron a cambio de nada y, por tanto, el cohecho pasivo es en todo caso impropio".

El PP llega a afirmar que, cuando el fiscal achaca a Camps un posible delito de cohecho, "podría con su pretensión rayar incluso el fraude procesal, por cuanto si entiende que los hechos de los que se conoce en la causa valenciana se subsumen en el cohecho pasivo propio y no en el impropio, es en esa causa donde debía hacerlo valer por los cauces procedimentales que estime convenientes, pero nada puede hacer ni puede pretender accionando desde la causa madrileña, que nada tiene que ver con ese cohecho impropio".

Cuestiona que la Fiscalía rechazara las alegaciones realizadas por los abogados de la Generalitat valenciana en nombre de Francisco Camps con el argumento de que la administración no está personada en la causa y atribuye al Ministerio Fiscal una "actuación ajena a la objetividad e imparcialidad por cuanto es obvio que existiendo una versión contradictoria emitida y avalada por un organismo público lo procedente sería, sin lugar a dudas, finalizar la instrucción sobre tales hechos antes de adoptar una decisión tan trascendente como la que se deriva de la inhibición".

Finalmente, critica también algunas de las afirmaciones que el juez Pedreira plasma en el escrito de inhibición, especialmente cuando atribuye a Camps nuevos delitos por su doble condición de presidente de la Generalitat valenciana y presidente del PP en esta comunidad.

"Sobran opiniones subjetivas, apreciaciones personales, pues ello nada aporta penalmente en la tipificación penal ni en la participación en ese delito", señala. "Sinceramente entendemos que se hace un uso gratuito e injustificado de la figura del señor Camps, que tanto rédito ha producido en determinados medios de comunicación, pero que tan poco tiene que ver con una Causa penal seria".