Según informó el Defensor del Pueblo, entre otras medidas, el nuevo bono establece la renta como criterio de acceso e introduce medidas que protegen a los consumidores en el mercado libre.

También contempla que no se corte el suministro por impago sin antes verificar con los servicios sociales la posible situación de vulnerabilidad de los consumidores afectados.

Para el Defensor del Pueblo, esta medida es especialmente relevante. La institución lleva años recomendando establecer procedimientos de comunicación y coordinación entre las empresas suministradoras y los servicios sociales antes de realizar un corte de suministro, para evitar que personas en situación de vulnerabilidad se queden sin electricidad.

Otras recomendaciones del Defensor del Pueblo que incorpora el nuevo bono social eléctrico son la modulación del umbral de renta para proteger a determinados colectivos (menores, mayores y personas con discapacidad) y la introducción de mecanismos de recurso contra las peticiones denegadas.

En opinión de Fernández Marugán, “hay que valorar el principio de interés superior del menor, y el hecho de que la falta de suministro eléctrico afecta al derecho fundamental a la educación, porque en los meses de invierno los menores han de realizar sus tareas escolares después de la puesta de sol”.

Del mismo modo, para el Defensor del Pueblo, “las personas mayores y las personas con discapacidad cuentan con unas necesidades particulares que no pueden olvidarse”.