El documento fue rubricado, de uno en uno, por todos los parlamentarios independentistas, empezando por el propio Puigdemont y siguiendo por su vicepresidente en la Generalitat, Oriol Junqueras; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; y la portavoz de la CUP, Anna Gabriel.

El texto insta a la Generalitat "a adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta Declaración de independencia y de las previsiones de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República".

También apela expresamente "a los Estados y las organizaciones internacionales a reconocer la República catalana como Estado independiente y soberano". Además, hace un llamamiento "a todos y cada uno de los ciudadanos de la República catalana a hacernos dignos de la libertad que nos hemos dado y construir un Estado que traduzca en acción y conducta las inspiraciones colectivas".

La declaración se autodenomina "de independencia" al final del texto pero, en cambio, cuenta con el único título de "Declaración de los representantes de Cataluña". La CUP informó posteriormente en rueda de prensa que no le concede validez oficial, ya que no va a ser registrada en la Cámara autonómica.

Los parlamentarios independentistas manifiestan que, con su firma, "constituimos la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social" y a la vez "afirmamos que Cataluña tiene la voluntad inequívoca de integrarse lo más rápidamente posible a la comunidad internacional".

Pese a declarar la independencia, sostienen que "el nuevo Estado se compromete a respetar las obligaciones internacionales que se aplican actualmente en su territorio y continuar siendo parte de los tratados internacionales de los que es parte el Reino de España".

El documento asevera que así "Cataluña restaura hoy su plena soberanía, perdida y largamente anhelada, tras décadas de intentar, honestamente y lealmente, la convivencia institucional con los pueblos de la península ibérica".

Asegura que el Estatuto de Autonomía que se aprobó en 2006 "debía ser el nuevo marco estable y duradero de relación bilateral" con el resto de España pero quedó "roto" con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que anuló 14 de los 223 artículos que lo componen.

Por ello, apuntan que "la constitución de la República catalana se fundamenta en la necesidad de proteger la libertad, la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos de Catalunya y de avanzar hacia un Estado de derecho y una democracia de más calidad, y responde al impedimento por parte del Estado español de hacer efectivo el derecho a la autodeterminación de los pueblos".

Agrega que "la República catalana es una oportunidad para corregir los actuales déficits democráticos y sociales y construir una sociedad más próspera, más justa, más segura, más sostenible y más solidaria".