El sindicato señaló este martes en un comunicado que el bono social aprobado por el Ministerio de Energía “no resuelve las situaciones que se están produciendo por el incremento del recibo de la luz”, por lo que exige una reforma en profundidad del mercado eléctrico, revisar los conceptos fijos de las tarifas eléctricas y reducir la fiscalidad de este suministro básico aplicando el IVA súper reducido.

Para UGT, el bono social, cuya orden aprobada este pasado lunes desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, “no es la respuesta adecuada para proteger a las personas más vulnerables ni para garantizar el acceso al suministro básico de electricidad en condiciones de igualdad para todas las rentas” y es “claramente insuficiente para evitar los cortes de suministro en casos de pobreza extrema”.

Entre las críticas al bono social, la central sindical indicó que el descuento sobre la factura es “insuficiente” porque “se fija un límite máximo de consumo en función de la unidad familiar, mientras que en el consumo de calefacción deberían tenerse en cuenta fundamentalmente los metros de la vivienda, y no tanto el número de personas que componen el hogar”. Además, UGT señala que tampoco se tiene en cuenta el mayor consumo en los meses de invierno, ni diferencia por zonas climáticas, por lo que “las familias tendrían que pagar el exceso de los kilovatios sin descuento”.

Por otra lado, UGT señaló que no comparte la definición que el Gobierno realiza de consumidor vulnerable “porque fija criterios basados fundamentalmente en los ingresos, el número de miembros de las familias y el límite de consumo, sin tener en cuenta que la mayoría de estos hogares pertenecen a hogares energéticamente ineficientes e incluso el gasto medio de consumo en hogares energéticamente pobres tiene un consumo superior al límite que se ha establecido en el real decreto”.

En esta misma línea, el sindicato también mostró su desacuerdo con que las familias numerosas por el hecho de serlo, y sin considerar sus rentas, puedan disponer del bono social sin límite temporal hasta que dejen de ser familia numerosa.

Además, UGT considera que la prueba de rentas no debería ser demostrable desde el año anterior sino en el momento de presentar la solicitud, ya que “una persona pasa en un espacio muy breve de tiempo a situación de exclusión social, desde el momento en el que no se reciben rentas”.

Por otra parte, el sindicato propone que el precio de kilovatio por hora “se fije en función de su coste real de generación, acabando de esta manera con el actual sobrepago a las empresas eléctricas”, y que se revise el conjunto de conceptos incluidos en la parte fija de las tarifas eléctricas para determinar la procedencia de los que deban ser asumidos por el conjunto de consumidores, permaneciendo en la tarifa, y los que proceda que sean sufragados por los PGE por ser más propios de otras políticas sectoriales, industriales o territoriales.