La organización humanitaria asegura que a Jacinta se le negó un juicio justo y que está encarcelada debido únicamente a su situación social marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia.

Jacinta Francisco Marcial, indígena otomí de Santiago Mexquititlán, estado de Querétaro, se encuentra encarcelada en el Centro de Readaptación de San José El Alto desde agosto de 2006.

Se la acusa del secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones de México, quienes aseguran que ella y otros vendedores de los puestos del mercado de la plaza de Santiago Mexquititlán los tomaron como rehenes en marzo de 2006 durante una operación contra vendedores de DVD “pirata”.

“El caso de Jacinta es un escándalo", afirma Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México, "es una farsa de la administración de justicia y un claro ejemplo de la justicia de segunda clase que suelen recibir en México las poblaciones indígenas”.

Asegura que “lo que le ha ocurrido a Jacinta demuestra el uso indebido que se está haciendo del sistema de justicia mexicano para procesar sin las debidas garantías a las personas más vulnerables. Se ha ido contra ella debido a su etnia, a su género y a su condición social”.