Para alcanzar esa cifra, la coalición solicita al Gobierno central que desarrolle una nueva legislación laboral basada en la recuperación del principio de causalidad en la contratación y la oposición a cualquier reforma de la legislación laboral que suponga un abaratamiento del despido o pérdida de derechos laborales, así como que retire las medidas de ajuste presentadas.

Asimismo, en la moción, a la que tuvo acceso Servimedia, IU insta a Aguirre a poner en marcha un Plan Regional de Inversiones Públicas, que, con la concurrencia de los ayuntamientos, permita la construcción de 200 escuelas públicas infantiles, aumentar la red pública de centros educativos, residencias públicas y centros de día, centros de Atención Primaria y Especialidades y la remodelación y modernización de los polígonos industriales.

REINSERCIÓN LABORAL DE PARADOS

Igualmente, pide a la Comunidad de Madrid la elaboración con urgencia de un plan de reinserción laboral de parados en el sector de la construcción, con el objetivo de poner las bases de un nuevo modelo constructivo y de planificación del sector basado en la sostenibilidad social y medioambiental mediante la implantación masiva de técnicas de bioconstrucción, construcción bioclimática, el desarrollo de nuevos materiales de construcción y las energías renovables.

IU propone también un gran pacto regional de lucha contra la precariedad laboral, cuyo objetivo principal es “la drástica reducción de la precariedad laboral, la siniestralidad, la reducción de los altos índices de temporalidad y lucha contra el fraude y la subcontratación, por medio de la implantación y desarrollo de medidas urgentes, entre ellas el cumplimiento por parte del Gobierno regional de los acuerdos tomados por unanimidad en la Cámara autonómica dirigidos a reducir a la mitad la temporalidad laboral dentro de la Administración pública regional”.

Asimismo, ofrece medidas para el desarrollo de una política de empleo basada en el objetivo de la consecución de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y el aumento de la cobertura social a los trabajadores, a través de una renta activa para desempleados de 633 euros mensuales y un plan de contratación de desempleados, con derecho a prestación o sin ella, durante un mínimo de seis meses, con un salario de 900 euros mensuales.

Además de plantear un pacto social e institucional contra la economía sumergida, exige una reforma fiscal progresiva que permita liberar los recursos suficientes para el aumento del gasto público y la inversión productiva como instrumentos de creación de empleo.

Estas medidas de IU pretenden hacer frente a la crisis económica y al paro en la región, que supera el medio millón de personas desempleadas, de las que 150.000 no perciben prestación alguna. Además, 60.000 familias madrileñas no cuentan con ingreso alguno.