El Comité señaló en un comunicado que "como consecuencia de la acción de incidencia del Cermi ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, durante la tramitación de la norma adoptada hoy por el Gobierno, las situaciones de discapacidad en la unidad de convivencia ampliarán los umbrales de renta que se establecen para poder acogerse a este beneficio, lo que aumenta el número de domicilios que podrán disfrutar de este bono social, con lo que se atiende en parte las demandas del sector".

Desde su aprobación en 2009, la discapacidad no era un elemento relevante en la configuración del bono social eléctrico, exclusión que el Cermi había venido criticando y que ahora, con la regulación aprobada, "se subsana aunque sea de modo parcial, pues la discapacidad es una las situaciones sociales, junto con la violencia de género y con la condición de víctima del terrorismo, que favorece el acceso al beneficio".

El Comité planteó a Energía que la discapacidad se asimilase a la situaciones de familia numerosa o de perceptores de pensiones mínimas, que con independencia de la renta de la unidad de convivencia, acceden per se a la consideración de consumidor eléctrico vulnerable, aunque este aspecto no ha sido asumido por el Gobierno.

"No obstante, indirectamente, a través de la consideración de familias numerosas, que se alcanza con rebaja de criterios cuando concurre una situación de discapacidad, o como perceptores de pensiones mínimas, un número importante de personas con discapacidad y sus familias podrá disfrutar del bono social eléctrico y de los demás beneficios que lleva aparejados", concluye el comunicado.