"El servicio ahora mismo no sabemos si lo vamos a poder mantener, no hemos cerrado la página web pero nos hemos quedado sin personal”, denunció Borja Jordán de Urríes, investigador del Instituto Universitario de Integración en la Universidad y que ejercía funciones de coordinación del SID.

La asignación del Gobierno a este organismo era de 264.000 euros, dinero con el que el Servicio de Información sobre Discapacidad cubría la mayoría de sus gastos de funcionamiento y pagaba a los cuatro trabajadores de los que disponía, que han cesado. Esta cantidad suponía más del 60% de sus ingresos, según informó el investigador a Servimedia.

La web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que aún reconoce el SID como uno de sus organismos, lo define como un recurso donde disponer “de todo tipo de información relacionada con la discapacidad, cuyos contenidos se refieren a normativa estatal y autonómica, recursos sobre discapacidad, prestaciones, ayudas, centros y servicios, cursos y congresos”.

“Es una consecuencia sobre todo económica, pero también se debe a decisiones estratégicas muy malas”, criticó Jordán de Urríes. Y es que su institución debería haber renovado el convenio con el Gobierno hace un año, pero la convocatoria de elecciones y la dificultad de formar Gobierno dilataron la fecha.

“La dirección general volvió a impulsar la firma del convenio, pero ha llegado a Hacienda y allí han dicho que no, que no va a haber dinero para esto”, lamentó el investigador. Por su parte, la Dirección del SID envió un comunicado el que califica tal decisión de “lamentable” por las “implicaciones que va a tener para el sector de la discapacidad”.

Esta agencia ha tratado sin éxito de recoger la versión del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para explicar el motivo de esta decisión que, según los responsables del servicio, implicará una reestructuración de su funcionamiento, ya que se queda “sin dotación de profesionales que puedan mantenerlo”.