Este reglamento se recoge en un real decreto de desarrollo del decreto ley que regula esta ayuda, que se encargó de presentar el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo.

Nadal destacó que una de las principales novedades del nuevo bono social es que a partir de ahora va a estar basado en criterios de renta para que puedan acceder los consumidores que más lo necesitan.

Además, apuntó que el descuento en la factura será del 25% para los consumidores vulnerables, del 40% para los vulnerables severos y del 50% si además están siendo atendidos por los servicios sociales. Hasta ahora, el descuento era siempre del 25%.

En el caso del colectivo que percibirá un 50% de descuento, las compañías eléctricas no podrán cortar el suministro bajo ninguna circunstancia.

Para percibir el bono con el descuento del 25%, la renta anual de la unidad familiar deberá ser inferior a unos determinados umbrales, que varían en función del tamaño del hogar.

Así, según explicó el ministro, en el caso de una sola persona sus ingresos deberán ser de unos 11.000 euros, cuantía que se amplía hasta unos 19.000 euros en el caso de familias con dos hijos.

El umbral se incrementa también para el caso de personas con discapacidad y para víctimas de violencia de género o de terrorismo.

Por otro lado, los hogares formados por pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas también serán considerados consumidores vulnerables, algo que ya ocurría ahora.

Para ampliar el descuento hasta el 40% se deberá tener la consideración de consumidor vulnerable severo, a lo que se accederá cuando la renta familiar sea inferior a la mitad de los umbrales establecidos para los vulnerables.

LÍMITES DE CONSUMO

Otra novedad en el bono es que se fijan unos límites máximos de consumo eléctrico a los que será aplicable el descuento del bono social con la finalidad de asegurar la eficiencia en el consumo energético.

También a partir de ahora, las comercializadoras estarán obligadas a comunicar los impagos en un plazo máximo de dos meses, para evitar que se acumulen retrasos que no sean detectados por los consumidores.

Otra exigencia para las compañías eléctricas es que informen expresamente al consumidor que decidiera contratar en el mercado libre de que está renunciando a su derecho a percibir el bono social.

En el caso de los consumidores vulnerables, también se amplía de dos a cuatro meses el plazo para suspender el suministro, una vez que se ha producido el impago.