Durante esta iniciativa, organizada por la Asociación Veterinaria para la Atención de la Fauna Exótica y Salvaje (Avafes Canarias) y la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, representantes del mundo rural, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), agentes de Medio Ambiente, y expertos en la conservación de especies silvestres, aseguraron que intensificaran sus esfuerzos para erradicar la utilización de este tipo de sustancias como método de control de animales en el medio natural.

En este sentido, señalaron como "fundamental", reconocer el grave perjuicio que para la biodiversidad canaria y la salud pública suponen este tipo de actividades delictivas.

Según el fiscal delegado de Medio Ambiente y urbanismo de Las Palmas, Javier Rodenas, quien también ha intervenido en el seminario, "el veneno es la principal amenaza para la fauna silvestre". Así, informó de que "a pesar de no existir estadísticas oficiales, esta práctica ilegal está poniendo en situación límite a especies protegidas de Canarias como el guirre, el cuervo o la aguililla", añadiendo que "igualmente es causante de la muerte cada año de cientos de perros y gatos, tanto domésticos como asilvestrados".

Los expertos determinaron además, que para luchar contra esta lacra es "imprescindible la elaboración de un protocolo de lucha contra el veneno que persiga policialmente a los infractores, así como que todos y cada uno de estos casos sean siempre notificados a un agente de la autoridad, quien deberá presentar la correspondiente denuncia antes los juzgados".

A su vez, exigieron a la Administración que "garantice la realización de los diferentes análisis toxicológicos que demuestren judicialmente la utilización de este tipo de sustancias, perseguidas con fuertes multas y penas de hasta dos años de cárcel".

Igualmente, consideraron "recomendable" la creación de una comisión de seguimiento donde estén representados todos los colectivos implicados o con interés en la conservación del medio natural, encargada de elaborar estadísticas y promover campañas de rechazo al uso ilegal de venenos.

Por otra parte, afirmaron que los daños que las especies salvajes puedan ocasionar al ganado, agricultura o especies cinegéticas deberían ser asumidos por las Administraciones o ser mitigados a través de la suscripción de seguros subvencionados, destacando además, la necesidad de desarrollar amplios programas de educación ambiental entre la población, para erradicar estas prácticas, pues el veneno es un problema que afecta por igual a ganaderos, cazadores, agricultores y mundo urbano.