A las 09.00 de la mañana el jefe de la policía autonómica catalana estaba citado a declarar ante la jueza Carmen Lamela por un presunto delito de sedición.

Los alrededores de la Audiencia Nacional estaban completamente tomados por un fuerte dispositivo policial que impedía el acceso a la zona.

Después de Trapero llegaron el presidente de ANC, Jordi Sánchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Ambos fueron recibidos con aplausos de una decena de diputados independentistas que les esperaban en las inmediaciones.

La primera en declarar esta mañana será la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, que declarará por videoconferencia desde Barcelona tras haber acreditado un problema de salud.

Todos ellos son citados por la jueza dentro de la causa que instruye por los hechos ocurridos los pasados días 20 y 21 de septiembre en Cataluña, en relación con las concentraciones y manifestaciones llevadas a cabo para impedir por la fuerza la actuación de las autoridades y sus agentes en el ejercicio de sus funciones.

El mayor de los Mossos ha anunciado que se aportará a la jueza "toda la información" del operativo que se desplegó a lo largo de día 20 de septiembre y asegura que todas las actuaciones de la policía autonómica se ajustaron estrictamente a las órdenes de los jueces y la Fiscalía. Los Mossos insisten, además, que en todo momento han actuado con "profesionalidad y a respeto la ley".

El pasado 27 de septiembre la jueza admitió la denuncia que presentó la Fiscalía por estos hechos, en un auto en el que la magistrada explicaba que esas conductas de los manifestantes podían encajar en el artículo 544 del Código Penal.

Ese artículo sanciona el alzamiento tumultuario dirigido a "impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".