Así lo explica en su ‘Observatorio de deuda’ del segundo trimestre publicado hoy, en el que recuerda que el objetivo del 60% se recoge en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para 2020.

La ratio de deuda sobre el PIB para el conjunto de las administraciones se ha situado en el segundo trimestre de 2017, en el 99,8% del PIB.

La Airef indica que en el medio plazo, todos los subsectores contribuirían a disminuir la ratio de deuda en los próximos cuatro años, siendo el principal responsable el subsector Administración Central y Fondos de la Seguridad Social y en menor medida las comunidades autónomas.

A nivel de comunidades, las mejor situadas son Cantabria, Madrid y País Vasco, que alcanzarían un nivel cercano al valor de referencia establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaría y Sostenibilidad Financiera (13% de su PIB), dentro los próximos cinco años.

Por el contrario, existen comunidades que no lograrían llegar al nivel de referencia en los próximos 30 años bajo los supuestos del escenario neutral como Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha.

En el medio plazo, la consecución de la senda prevista en la Actualización del Programa de Estabilidad 2017-2020 puede considerarse “probable”, mientras que en el medio y largo plazo el análisis de sensibilidad realizado apunta a la existencia de riesgos para la sostenibilidad ante un empeoramiento en las condiciones macrofinancieras.

Según la Autoridad Fiscal, en el medio plazo (horizonte 2020) un incremento en la prima de riesgo de 200 puntos básicos implicaría un aumento en la carga de la deuda de aproximadamente 15.000 millones de euros, llegando a suponer en 2030 una diferencia de 17 puntos porcentuales en la ratio de deuda PIB, con respecto a la senda neutral.

Si de manera simultánea el crecimiento del PIB nominal disminuyera (un punto porcentual con respecto a la senda neutral), la ratio de deuda abandonaría su senda decreciente, estabilizándose en el entorno del 95% del PIB (26 puntos porcentuales por encima del escenario neutral en 2030), con “serios riesgos” para la sostenibilidad de la deuda.

DÍAS DE TRABAJO

En cuanto a los días de trabajo por persona necesarios para pagar la deuda común, se observa una caída en todas las comunidades autónomas. Extremadura (393), Andalucía (363) y Castilla-La Mancha (347) son las comunidades cuyos habitantes tienen que hacer un esfuerzo mayor.

Por su parte, donde menos días de trabajo se dedican a este fin es en la Comunidad de Madrid (195), País Vasco (201), Navarra (214).

En el caso de la deuda regional, se prevé que, en 2017, en promedio, los habitantes de una comunidad autónoma necesitarían destinar 89 días de trabajo para amortizar la totalidad de la deuda.

Las regiones en donde se necesitan más días para amortizarla son la Comunidad Valenciana (152), Castilla La Mancha (134) y Cataluña (128), mientras que donde emplean menos jornadas sería en Madrid (52), País Vasco (53) y en Canarias (56).