Según comunicó la Comisión este miércoles en un comunicado, el organismo ha llegado a esta conclusión tras realizar una investigación iniciada en octubre de 2014 y considerar que la resolución fiscal adoptada por Luxemburgo en 2003 y prorrogada en 2011 redujo el impuesto pagado por Amazon en dicho país sin ninguna justificación válida.

Según la Comisión, dicha resolución permitió a Amazon transferir la inmensa mayoría de los beneficios de una empresa del grupo Amazon que tributa en Luxemburgo (Amazon EU) a otra empresa que no tiene esta obligación (Amazon Europe Holding Technologies). En concreto, la resolución fiscal autorizó el pago de un canon de Amazon EU a Amazon Europe Holding Technologies, lo que redujo “notablemente” los beneficios imponibles de Amazon en la EU.

Sobre este aspecto la comisaria responsable de la Política de la Competencia, Margrethe Vestager, señaló que a Amazon “se le permitió que pagara la cuarta parte de los impuestos que pagan otras empresas locales sujetas a las mismas normas fiscales nacionales” y añadió que “según las normas de la UE sobre ayudas estatales esto es ilegal, ya que los Estados miembros no pueden conceder a grupos multinacionales beneficios fiscales selectivos a los que no tienen acceso otros”.

Además, la Comisión indica que Amazon estructuró sus operaciones de ventas en Europa de tal modo que los clientes que compraban productos en cualquiera de los sitios web de Amazon en Europa contractualmente los compraban a la empresa de gestión en Luxemburgo, de forma que Amazon registraba todas las ventas en Europa y los beneficios resultantes de estas ventas en Luxemburgo.

La Comisión también hace referencia a que Amazon Europe Holding Technologies, una sociedad comanditaria sin empleados ni oficinas y que carecía de actividad empresarial, actuaba como “tapadera”.

Amazon habría utilizado esta estructura, autorizada por la resolución fiscal investigada, entre mayo de 2006 y junio de 2014, fecha en la que cambió su modo de funcionamiento en Europa a una nueva estructura que quedó fuera del ámbito de la investigación de la Comisión sobre la ayuda estatal.

En cuanto a la recuperación de los impuestos que Amazon no habría pagado en dicho periodo, la Comisión señaló que las normas sobre ayudas estatales de la UE exigen que se recupere la ayuda estatal incompatible con el fin de eliminar el falseamiento de la competencia ocasionado por la misma. Sobre esta base la Comisión considera que el valor de la ventaja competitiva concedida a Amazon, es decir, la diferencia entre los impuestos que pagó la empresa y los que habría tenido que pagar sin la resolución fiscal sería de unos 250 millones de euros.