El primero de los dos contratos de servicios se refiere a la elaboración del estudio de demanda y esquema de tarifas de las ocho autopistas de peaje: Radial 2, Radial 3, Radial 4, Radial 5, M-12, AP-41, AP-36, y AP7, en los tramos Circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación (IVA incluido) de 252.043 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El objeto es la elaboración de un estudio de demanda del conjunto de las mencionadas autopistas en un periodo de 25 años que servirá para determinar los posibles ingresos que éstas podrán generar, según los distintos modelos de tarifas aplicables.

También incluye la elaboración de diferentes esquemas tarifarios para la optimización del uso de las autopistas y la elaboración de un modelo de los distintos escenarios futuros.

En segundo lugar se licita un contrato de servicios para la redacción de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, así como de los estudios de viabilidad económica-financiera para la licitación de la gestión de la conservación, mantenimiento y explotación de las mismas autopistas de peaje.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación (IVA incluido) de 252.285 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El objeto de este contrato será la elaboración de un estudio de viabilidad económica financiera para la licitación, de forma conjunta o en diversos paquetes, de la explotación de las mencionadas autopistas, de modo que se maximice el valor de la licitación de las mismas.

Dicho estudio tendrá que incluir la realización de plan económico financiero, así como el modelo que dé soporte del mismo. Junto a ello, el contrato incluye el apoyo para la elaboración de los pliegos, tanto de cláusulas administrativas como de prescripciones técnicas precisos para la licitación, de acuerdo a la normativa vigente.

El pasado mes de julio, el Consejo de Ministros autorizó la suscripción de un convenio de gestión directa entre el Ministerio de Fomento y la empresa pública Seittsa, con el fin de que esta última pueda hacerse cargo de las autopistas de peaje quebradas hasta que se privaticen.