La Fiscalía de Barcelona delega la actuaciones en el Servicio Especial de Odio y Discriminación para que esclarezca los hechos y ejerza las acciones penales que procedan en caso de encontrar indicios delictivos.

El ministerio público indica que ha tenido conocimiento de la “expulsión global” de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de varios hoteles situados en la localidad barcelonesa de Pineda de Mar y menciona los documentos que circulan en redes sociales en los que se apreciaría que ha habido amenazas del Ayuntamiento para conseguir esa expulsión.

De ser ciertos estos hechos, indica el fiscal podrían ser constitutivos de delitos de amenazas, coacciones, y delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas del artículo 512 del Código Penal cometido por “la pertenencia de los afectados a la nación española”.

Además, libra un oficio a la unidad adscrita del Cuerpo Nacional de Policía a fin de que practique todas las diligencias que permitan la comprobación de los hechos, su esclarecimieto y la identificación de sus autores.

Desde el lunes, varios hoteles de Calella (Barcelona), entre ellos el Palmeras, el Catalonia y el Vila, han instado a los 500 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil a que abandonen sus instalaciones después del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional celebrado el domingo.

Un grupo de personas lleva permanece desde ayer a las puertas de uno de los hoteles manifestando su protesta por las cargas policiales durante la jornada del domingo e increpando a los agentes, pidiendo a la dirección del establecimiento que deje de alojarlos.

Se estudiará también si es cierta la información publicada en varios medios de comunicación que indica que fue la propia alcaldesa de Calella, del PDeCAT, quien llamó a los directores de los hoteles advirtiéndoles de que si no echaban a los agentes, paralizaría la concesión de licencias de reforma pendientes. El ministro del Interior ya ha anunciado este martes que los agentes continuarán en sus alojamientos. Las Unidades de Intervención Policial (UIP) llevan al menos diez años alojados en establecimientos hoteleros de Calella sin que se hayan producido incidentes.