El portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, explicó que se ha prorrogado el contrato con la Orden Hospitalaria Hermanos de San Juan de Dios, por importe de 13.448.242 euros, para 462 plazas de atención residencial y de centro de día a personas con discapacidad psíquica en el municipio de Ciempozuelos.

También se ha autorizado la prórroga del contrato con las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, por un importe de 5.181.357 euros, en el Complejo Asistencial Benito Menni, en Arroyomolinos, que cuenta con 178 plazas concertadas.

Asimismo, se ha prorrogado el contrato con la Asociación de Padres y Amigos de Niños Diferentes (APANID) en el municipio de Getafe, por importe de 3.587.223 euros. La Comunidad de Madrid dispone en este centro de 137 plazas.

Los usuarios de estos tres centros requieren de una atención especializada, ya que se trata de personas mayores afectadas por procesos geriátricos crónicos y alto nivel de dependencia, con graves trastornos de conducta u otras discapacidades.

Los profesionales de estos centros se encargan de la asistencia y cuidado a los usuarios, centrando su actividad tanto en la prevención como en el tratamiento, rehabilitación y reinserción en el entorno habitual, siempre que sea posible.

Garrido afirmó que la atención a las personas con discapacidad es “una de las prioridades de las políticas de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de defender sus derechos y libertades, fomentar la autonomía personal y la plena inclusión de estas personas en la sociedad”.

Explicó que el Gobierno regional cuenta con una red de atención social compuesta por más de 23.000 plazas y dijo que la Comunidad de Madrid está trabajando en la elaboración de una nueva Estrategia de Atención a Personas con Discapacidad 2017-2021, que abordará diversos ámbitos que afectan a estas personas, como atención social y sanitaria, autonomía personal y vida independiente, accesibilidad, educación, empleo, participación e inclusión en la sociedad o igualdad de oportunidades, entre otros.

Para la elaboración de esta Estrategia se cuenta con la participación y aportaciones de las distintas administraciones públicas, entidades y asociaciones representativas del Tercer Sector de la discapacidad, agentes sociales y personas con discapacidad y sus familias.