El CJE añadió que la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 “prohíbe concatenar contratos temporales, circunstancia que provoca que buena parte del personal investigador, sujeto a esta modalidad, se quede sin empleo antes de finalizar el proyecto”.

En un comunicado, este Consejo explicó que un ejemplo de esta situación es lo que ocurre en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), “centro pionero de la investigación contra el cáncer en nuestro país, que al igual que otros centros y fundaciones del sector público, tiene a buena parte de su personal con un contrato temporal y que, en cumplimiento de la Ley de Presupuestos vigente, a día de hoy no puede renovar a cerca de 130 personas que trabajan en estudios sobre enfermedades cardiovasculares y contra el cáncer”.

Por ello, el CJE pidió al Gobierno que adopte las medidas necesarias para mantener los empleos de las personas contratadas en proyectos de investigación y que puedan desarrollar su trabajo hasta el final, bien vía contrato por obra o vía contrato indefinido.

A este respecto, el responsable del Área Socioeconómica del CJE, Victor Reloba, afirmó que “cuando la brecha entre la calidad del empleo cualificado y el no cualificado se ensancha a nivel global, la dependencia tecnológica de España amenaza nuestra economía y el bienestar de la gente: menos bonificar la precariedad y más I+D+i y empleo digno en todos los sectores”.

Además, esta entidad recordó que España se sitúa en el penúltimo lugar de la lista de 15 países líderes en inversión en I+D. El gasto privado en investigación y desarrollo en nuestro país sólo alcanza al 0,64% del PIB, frente al 1,3% de media que invierten los países de la OCDE.