La Comisión quiso dejar claro que el desafío independentista es un “asunto interno de España”, que ha de ser abordado según lo establecido en el ordenamiento constitucional español.

Explicó que si un referéndum se organizara en consonancia con la Constitución española, el “territorio que se saliera se encontraría fuera de la Unión Europea”.

Al margen de los aspectos jurídicos derivados de la cuestión catalana, la Comisión subrayó que “son tiempos para la unidad y la estabilidad, no para la división y la fragmentación”. Por ello, instó al Gobierno y a la Generalitat para que “avancen muy rápidamente de la confrontación al diálogo”.

No obstante, elevó el tono para lanzar una dura crítica al Gobierno al aseverar que “la violencia nunca puede ser un instrumento de la política” tras el uso de la fuerza policial empleado por el Estado para impedir la celebración del referéndum de independencia en Cataluña.

La Comisión confió en el “liderazgo” del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para gestionar “este difícil proceso dentro del pleno respeto de la Constitución española y de los derechos fundamentales de los ciudadanos en ella consagrados”.