De este modo, ya son dos los recursos presentados en el Tribunal Constitucional contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que permite abortar libremente hasta la semana 14 de gestación y que amplía el plazo hasta la semana 22 para determinados supuestos. El plazo para presentar más recursos finaliza este jueves 3 de junio.

El diputado de UPN, Carlos Salvador, confirmó a Servimedia que los servicios jurídicos del Gobierno de Navarra han entregado esta misma semana el recurso en el Tribunal Constitucional "de forma discreta", a diferencia del coordinador de Libertades Públicas del PP, Federico Trillo.

El Gobierno de Navarra sostiene que existen "vicios de inconstitucionalidad" en tres preceptos de la ley: la disposición final quinta, el artículo 14 y el artículo 19.

A su juicio, la ley vulnera las competencias exclusivas de la comunidad en materia de organización y prestación de servicios sanitarios cuando establece que “corresponderá a las autoridades sanitarias garantizar la prestación contenida en la red sanitaria pública, o vinculada a la misma, en la comunidad autónoma de residencia de la mujer embarazada, siempre que así lo solicite la embarazada”.

El Gobierno autonómico de Miguel Sanz entiende que la planificación y la organización de los servicios sanitarios en Navarra "corresponde en exclusiva a la Comunidad Foral".

Además, cree que la ley es inconstitucional porque las garantías previstas para regular el sistema de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo es “una simple información escrita, que se entrega en sobre cerrado y que no está adaptada de forma individualizada a la situación personal de la mujer, por lo que se ha configurado como un acto protocolario, genérico y de mero trámite”.

Según el Gobierno de Navarra, el artículo 19 de la ley tampoco es constitucional por la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios implicados en la interrupción voluntaria del embarazo.

Salvador explicó a Servimedia que UPN piensa estar "vigilante" a la aplicación de la ley, que calificó de "muy mala", y al desarrollo que se haga de ella a través de posibles reglamentos.