Así lo expresó el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa que ofreció en el Palacio de La Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros que presidió el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

“El Gobierno cumple, ha cumplido y cumplirá con su obligación constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes”, sentenció Méndez de Vigo, para a renglón seguido especificar que se responderá “con firmeza” y también con proporcionalidad para “preservar la concordia cívica” en Cataluña.

Abundó en que el Gobierno “incumpliría su obligación si no denunciara la vulneración de los principios democráticos más elementales y los atentados contra los derechos y libertades” y lamentó que a los secesionistas “no les importe nada la ley” y la “dejen de lado”.

SIN GARANTÍAS LEGALES

Subrayó que esto es “muy grave”, también por lo que tiene “de posible responsabilidad en el futuro”. Así las cosas, prometió que “no va a haber ningún referéndum” este domingo, ya que esta consulta carece de toda “garantía legal”.

“Aquí no hay nada de nada y lo que suceda el 1 de octubre no será un referéndum”, espetó, basándose en que el pretendido referéndum no tiene sindicatura electoral, ni campaña electoral “neutral”, además de carecer de papeletas, de mesas electorales o de censo electoral.

Argumentó que “todos sabemos lo que es una consulta” y para que sea legal ha de tener unos procedimientos, unas normas que garantizan la transparencia y que haya un resultado que se ajuste a la realidad. “Y no hay absolutamente nada de eso”, reseñó.

Preguntado entonces si el referéndum se desdibujará en un 9-N, Méndez de Vigo respondió que “los antecedentes no cuentan” y volvió a afirmar que “no habrá ningún referéndum”. Sobre el 1-O, reconoció que la principal preocupación del gabinete de Mariano Rajoy son “el ruido y las algaradas”.

IMPEDIR QUE EL 1-O SE MATERIALICE

En este sentido, denunció que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus socios quieran “que haya una votación como sea” y remarcó que “la obligación” del Estado de Derecho y de todo Gobierno es impedir que “pueda materializarse” esta consulta, cuya “pretensión es la ruptura de nuestro país”. “No va a tener efecto político alguno”, subrayó.

“Hoy estamos donde estamos y veremos lo que sucede”, contestó cuando se le preguntó por la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución si se produce una declaración unilateral de independencia tras el 1-O. En cualquier caso, indicó que no es momento de hablar “de futuribles y de hipótesis”, porque lo “importante es mantener la serenidad y la cabeza fría” para que en Cataluña “no se pierda la paz y la convivencia”.

Dicho esto, hizo especial hincapié en que los promotores del referéndum tendrán que responder ante los tribunales de Justicia por acometer una “muy grave deslealtad institucional”. Los “dirigentes secesionistas”, prosiguió, no pueden actuar “al margen de la ley”.

APOYO INTERNACIONAL

También destacó que este referéndum va contra el ordenamiento jurídico internacional, especialmente contra el europeo, como ha reiterado recientemente el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, al decir que atentar contra la Constitución de un país es hacerlo también contra Europa.

“Es público y notorio que el Gobierno de España ha recibido apoyo unánime de las instituciones europeas y los miembros que componen la Unión Europea”, expuso el portavoz del Ejecutivo, al tiempo que recordó que ninguna carta europea recoge el derecho a la secesión.

Por último, ante unos acontecimientos que tildó de “desatino injusto y doloroso”, proclamó que el Gobierno central no puede hacer un “balance más positivo” de lo que España y Cataluña han logrado a los últimos 40 años de democracia.