En nota de prensa, UNO valoró "positivamente" que el Ayuntamiento haya prorrogado dos años el plazo para adaptar su flota en el texto final del Plan A aprobado hoy en la Junta de Gobierno. Será en 2022 cuando los vehículos de carga y descarga tendrán que tener etiqueta ecológica para poder entrar en el nuevo Área Central de Cero Emisiones, que incluye Ópera, Noviciado, Embajadores, las Letras, Cortes, La Latina, Sol, Gran Vía y Justicia.

Sin embargo, UNO resalta que "aún así, el esfuerzo que deberá hacer el sector es muy importante", pues, según sus datos, las empresas de paquetería y logística tendrán que renovar el 40% de su flota para acceder al centro en 2020 y el 85% en 2022.

En 2020 habría que renovar todos los vehículos diésel adquiridos antes de 2006 y en 2022 los matriculados antes de 2014, y, según indicaron a Servimedia fuentes de la patrona, son unos 5.000 vehículos los que trabajan en el sector, pese a la falta de un censo fiable.

“Valoramos la disposición negociadora del Ayuntamiento de Madrid”, explicó Francisco Aranda, secretario general de UNO, pero recordando a la vez que el período de amortización de un vehículo de distribución urbana de mercancías puede llegar, en algunos casos, hasta los 20 años.

Desde la Organización Empresarial de Logística y Transporte se subrayó que, para que los vehículos eléctricos puedan circular, no sólo son necesarios puntos de recarga en Madrid, sino también en los centros logísticos desde donde parten los vehículos y en las rutas de reparto, que en muchos casos afectan a municipios próximos a Madrid.

Por ello, UNO recordó que es necesario una política de distribución urbana de mercancías supramunicipal y que las iniciativas de ayuntamientos vecinos vayan en consonancia, algo que no está sucediendo.

“Nuestro sector está muy sensibilizado con la necesidad de contar con una ciudad más sostenible", aseguró el secretario general. "Pero hay que tener en cuenta que para generalizar este tipo de proyectos a la mayoría de las flotas de reparto es imprescindible crear una normativa estable y con la seguridad jurídica que requieren estos volúmenes de inversión”.