Con esta decisión, el TC aplica por primera vez la reforma de la Ley Orgánica que regula su funcionamiento y que le permite imponer sanciones para garantizar el cumplimiento de sus fallos. La decisión se adoptado con los votos concurrentes de tres magistrados, que se muestran de acuerdo con la sanción aunque sostienen argumentos diferentes.

De esta manera el TC preserva la unidad de acción que el tribunal ha venido manteniendo en relación a las decisiones que está adoptando en relación a la convocatoria del referéndum sobre la independencia de Cataluña del 1 de octubre. Fuentes jurídicas aseguraron que ha sido laborioso llegar a este acuerdo que se logra sin votos discrepantes, pero con las matizaciones de los magistrados Juan Antonio Xiol, Fernando Valdés y María Luisa Balaguer.

Los síndicos podrían eludir el pago de esta multa si renuncian a sus responsabilidades en el órgano electoral suspendido antes de que transcurran 24 horas después de que la resolución se publique en el Boletín Oficial del Estado. En caso de no hacerlo así la cantidad que deberán abonar se irá incrementando diariamente hasta que obedezcan las resoluciones del TC.

El TC rechazó previamente la recusación que le han presentado los síndicos y después ha resuelto sobre la petición de ejecución de sentencia que hizo el abogado del Estado. Según el Gobierno, los miembros de la sindicatura están desobedeciendo la prohibición de celebrar esta votación y siguen trabajando en la organización del referéndum.

El alto tribunal se ha decidido por imponerles una multa diaria de 12.000 y 6.000 euros tras requerirles el pasado día 13 para que le respondieran si estaban cumpliendo con la suspensión del referéndum y tras darles un plazo de 48 horas para que cumplieran su mandato.