Así lo dijo Montoro durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados, a la que acudió para dar explicaciones sobre las medidas adoptadas por su departamento para evitar que la Generalitat destine dinero público al referéndum del 1-O.

El ministro también explicó que el pasado lunes, la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, envió al departamento que dirige Montoro las certificaciones con las que intenta dejar constancia de que no ha gastado dinero público relacionado con actividades relacionadas con el referéndum. Además, indicó que Hacienda está estudiando la aportación que ha hecho la Intervención de Cataluña y requiriéndole nuevos documentos.

Por otra parte, Montoro agregó que hoy enviará una nueva carta al vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, para recordarle que los acuerdos adoptados por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos son “de obligado cumplimiento y espero que los cumpla y los haga cumplir porque esa es su obligación como autoridad en una comunidad autónoma”.

El titular de Hacienda explicó que con las medidas adoptadas, “el Estado ya no va a enviar nuevas transferencias a la comunidad autónoma” para pagar las nóminas de funcionarios y los servicios públicos esenciales, y cuando reciba la información correspondiente “abonará la factura de proveedores y nóminas”.

En este sentido, precisó que su departamento aún no ha recibido esta información y “confiamos en que en este caso al menos no haya desobediencia”. “Las nóminas de los funcionarios no están en peligro”, aclaró el ministro.

Por otra parte, el ministro quiso referirse a la “delicada situación a la que empujan a los funcionarios de la Generalitat”, y subrayó que “les están presionando a que se queden fuera de la legalidad con las consecuencias de toda índole que eso puede tener”. De esta manera, “las autoridades catalanas se están inventando un limbo jurídico y eso no es legal”, dijo Montoro.

El ministro quiso llamar la atención sobre la situación económica de Cataluña asegurando que el Estado es “el máximo acreedor de Cataluña”, región que tiene una deuda de 75.443 millones de euros, “la más alta de todas las comunidades autónomas”.

Al respecto, Cataluña debe al Estado 50.627 millones, el 67,1% del total de su deuda, mientras que en 2012 debía el 16,6%, “lo que da idea del esfuerzo que ha hecho el Estado para aliviar la mala situación financiera”, afirmó Montoro.