Maza toma esta decisión después de que algunos elementos independentistas hayan proferido amenazas o hayan intentado coaccionar a funcionarios o alcaldes que se hayan expresado en contra de la consulta secesionista.

En este sentido, las juventudes de la CUP (Arran) difundieron en redes sociales el mensaje "el tripartito de Lleida de PSC, Ciudadanos y PP no nos dejan votar. Desobezcamos. Señalémosles". Este mensaje iba acompañado de un cartel en el que aparecen las caras del alcalde Ángel Ros (PSC), que ha anunciado que no facilitará ningún local de titularidad municipal para el referéndum, y de otros 13 concejales de estos tres partidos, todos ellos contrarios a la celebración del 1-O.

En su instrucción, el fiscal señala que en los últimos días han aparecido noticias sobre campañas encaminadas a “señalar” a determinados responsables políticos municipales por su negativa a incumplir la ley. Estas campañas, advierte, “pueden tener relevancia desde el punto de vista jurídico penal a través de la figura del delito de odio”.

PROMUEVEN LA "HOSTILIDAD"

La Guardia Civil, en el marco de las actuaciones que viene desarrollando este miércoles, ha intervenido en una nave industrial de Bigues i Riells (Barcelona), cerca de 10 millones de papeletas para el referéndum ilegal anunciado para el 1 de octubre.

Estas campañas estarían promoviendo la “hostilidad” hacia determinadas personas, por motivos ideológicos o políticos, responsabilizándolos directamente ante los ciudadanos de impedir un supuesto ejercicio de derecho a la autodeterminación.

Además, señala, los medios de comunicación están dando cuenta de amenazas y coacciones a funcionarios, ediles y particulares que se oponen a colabora en el referéndum ilegal. “Todas estas conductas suponen un ataque contra la pacífica convivencia en Cataluña y una grave perturbación de los derechos, no sólo de las personas destinatarias, sino de las población en su conjunto”.

En tiende el fiscal que la amenaza es general “dirigida a todas las autoridades, funcionarios y ciudadanos defensores del Estado de derecho y del ordenamiento constitucional”. Por todo ello, solicita que se promueva una acción penal contra los autores de dichas conductas que puedan aparecer en medios de comunicación o que sean denunciadas por los directos ofendidos.

Ordena igualmente que las Fuerzas de Seguridad retiren los carteles o pasquines intimidatorios y cualquier otros instrumento a través de los cuales se concreten estas conductas.