Este acuerdo tiene como objetivo recoger y regular jurídicamente los “legítimos intereses y expectativas” de los familiares de los profesionales diplomáticos, consulares y funcionarios administrativos y de aquellos que se encuentran al servicio de las representaciones ante organizaciones internacionales.

La firma del acuerdo también refuerza el desarrollo y el dinamismo de las relaciones entre estados al facilitar que profesionales de un país de distintos ámbitos ejerzan su actividad en el territorio del otro.