Según consta en el escrito, Hacienda señala que si la Generalitat no cumple con su obligación, “el Gobierno de España adoptará las medidas necesarias para asegurar que la Generalitat se atiene en su actuación a la legislación vigente, y en concreto, al cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria”.

Junqueras manifestó que no remitiría la información correspondiente por suponer un “control político”, a lo que Hacienda respondió en la misiva que “no son medidas de control político, sino medidas de control de gestión y destino de los recursos públicos, en definitiva, control de legalidad para garantizar la financiación de los servicios públicos fundamentales”.

En este sentido, el departamento que dirige Cristóbal Montoro incidió en que el Ejecutivo toma decisiones encaminadas al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

En este sentido, recordó que las normas aprobadas por el Parlamento de Cataluña el pasado 6 de septiembre han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional y “no están vigentes ni amparan ninguna actuación”, y dichas normas “representan un ataque directo” a la sostenibilidad financiera y al equilibrio presupuestario.