Solicita la aplicación de medidas cautelares entre las que destacan la prohibición expresa de imprimir o colocar carteles electorales a favor del 'sí' y ceder medios materiales o personales que permitan la celebración del referéndum.

Asimismo, propone el seguimiento de las responsabilidades pecuniarias en las que pudieran incurrir los alcaldes rebeldes y la aplicación de fianzas o embargos en caso de incurrir en ellas. Esta medida tiene esecial relevancia en el día en el que esta previsto el inicio de la campaña del referéndum.

El ministerio público le atribuye presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, un delito castigado con hasta ocho años de prisión y por los que están siendo investigados todos los ediles independentistas por orden de la Fiscalía General del Estado.

Además, la Fiscalía prepara otrsa querellas contra los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña por realizar actuaciones relacionadas con la organización del referéndum del 1-O pese a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional.

La querella se centra, en particular, en la designación de los integrantes de las sindicaturas provinciales, realizada el pasado día 8 por un decreto de la sindicatura catalana. La suspensión de cualquier acto de preparación o de desarrollo del referéndum fue acordada por el TC el día 7 y notificada personalmente a los titulares y suplentes de la sindicatura, Jordi Matas, Marta Alsina, Josep Pagès, Tània Verge, Marc Marsal, Josep Costa y Eva Labarta.

La querella se ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dado que Lloveras es diputada de Junts pel Sí en el Parlamento de Cataluña. En la querella, la Fiscalía solicita la aplicación de medidas cautelares.

Destaca la petición de que se suspenda el servicio de las dos páginas web que dan publicidad y “apariencia de legalidad” al referéndum independentista suspendido por el Tribunal Consititucional en el caso de que estén alojadas en servidores radicados en territorio nacional.

Como ambas páginas fueron suspendidas la Fiscalía pide que se bloquee el acceso a sus contenidos, para lo cual se requerirá a los servicios de intermediación de modo que impidan el acceso desde España a las páginas administradas desde el extranjero. De igual modo se pide esta misma medida cautelar respecto de cualquier medio de comunicación, red social o web que realiza esa misma actividad difusora del referéndum.

Pide que se dirija un oficio a los alcaldes con los apercibimientos legales correspondientes para que impidan que se facilite cualquier recurso personal o material para la celebración de la votación y se les prohíba “imprimir, colocar o difundir por cualquier medio los carteles de fomento de la participación o a favor del si”, con obligación expresa de retirarlos si se hubieran colocado.

Los alcaldes que desoigan estas instrucciones serán vigilados para comprobar si incurren en responsabilidades económicas a las que tendrían que hacer frente con el pago de fianza o el embargo de sus bienes.

Solicita también que dé instrucciones a los Mossos, la Guardia Civil y la Policía para que retiren cualquier material necesario para la celebración del referéndum, tales como papeletas, urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, instrumentos informáticos o carteles a favor del 'sí'. Finalmente, pide que se autoricen las peticiones de entrada y registro necesarias para la incautación de dicho material.