Durante su comparecencia, que se produce a petición de los Grupos Parlamentarios Popular, Mixto y Socialista, Queiruga reconoció que en los últimos 20 años “se había mejorado la condición social de las personas con discapacidad física y orgánica” aunque todavía queda mucho por hacer.

Entre otras acciones pendientes, destacó “la accesibilidad a la propia vivienda, la institucionalización en centros y residencias (la falta de vida independiente), el catálogo ortoprotésico, el empleo, la educación, la discapacidad en el medio rural, la situación de las mujeres con discapacidad, la falta de medios para la investigación de las enfermedades raras o la situación de los enfermos crónicos, que siguen en gran medida pendientes”.

Ante esta situación, el presidente de Cocemfe explicó que su intervención se basaba en tres pilares: personas, libertad y derechos. Por ello, hizo hincapié en la asistencia personal que permite la autonomía a las personas con discapacidad física, por lo que solicitó que “se regule la figura del asistente personal adaptándola a su realidad. Tal vez sea necesario crear en el Estatuto de los Trabajadores una nueva relación laboral”.

En cuanto a la violencia ejercida sobre las mujeres con discapacidad, Queiruga subrayó que se ha avanzado muy poco. Por ello, “se hace necesaria la investigación de la situación real de esta violencia en España y la situación de aquéllas que residen en el medio rural y/o viven en especiales condiciones de vulnerabilidad, con la finalidad de crear equipos de intervención que den respuesta a esta realidad”.

Otro de los asuntos abordados durante esta comparecencia fue la educación. A este respecto, advirtió de que “el sistema actual presenta graves deficiencias hacia las personas con discapacidad, a las cuales discrimina cada día limitando su desarrollo desde los primeros años de vida”.

“No solo hace falta acabar con la segregación educativa, para que todos los estudiantes con discapacidad estén escolarizados en centros ordinarios para alcanzar una educación inclusiva”, añadió.

En cuanto a la atención sociosanitaria, el presidente de Cocemfe solicitó “retomar medidas que eviten las gravísimas consecuencias de las políticas de reducción del coste sanitario en la salud y calidad de vida de las personas con discapacidad y la ineficaz gestión de los servicios sociosanitarios dirigidos a las personas con discapacidad”.

Entre estas medidas destacó las inversiones de I+D de nuevos fármacos en enfermedades raras y enfermedades crónicas, eliminar el copago en transporte sanitario no urgente, revisión preferente del catálogo ortoprotésico, la agilidad en atención a pacientes de otras comunidades autónomas, investigación clínica y social sobre enfermedades neurodegenerativas, promoción estratégica de la prevención, o la actualización de los baremos de reconocimiento de la discapacidad física y orgánica.

Otro asunto que debería cambiar es el actual baremo de discapacidad. Queiruga aseguró la necesidad de su revisión “porque genera situaciones de desigualdad dentro de nuestro grupo social, porque no todas las personas tienen los mismos derechos”.

“Desde Cocemfe reivindicamos y estamos trabajando para conseguir un baremo de valoración del grado de discapacidad que sea equitativo, que cumpla con los criterios de la CIF, que dé una cobertura justa a nuestro grupo social y que responda a las necesidades de las personas con discapacidad orgánica o con determinadas enfermedades que en la actualidad no son reconocidas como tal a pesar de ser muy discapacitantes”.

En cuanto al empleo resaltó las alarmantes cifras de paro entre este colectivo. “Tenemos pendiente el desarrollo de una Ley General de empleo y esa Ley tiene la obligación de revisar y poner en marcha medidas que deben ir desde incluir la cuota de reserva en las medianas empresas hasta un aumento de la proporción en las grandes, de manera que estas en función de su número de trabajadores tengan una cuota superior al 2 % actual”.

Además, destacó que “la existencia de los centros especiales de empleo se ha demostrado fundamental en la creación y el mantenimiento del empleo”.

Queiruga también abordó el “copago confiscatorio”. Nosotros ya pedimos “no copago hasta 2,5 veces el Iprem. No participar en más del 60 € del coste del servicio y al menos que nos quedase como renta básica el 40% del Iprem”.

“Como los demás, tenemos gastos que son comunes al conjunto de la sociedad pero tenemos un castigo económico que viene dado por el diseño de una sociedad que no está hecha para todos al someternos a sobrecostes en cosas como el transporte, las compras, el alquiler o adaptación de vivienda, el acceso a restaurantes u hoteles si queremos disponer de un tiempo de vacaciones y un largo etcétera”.

Al término de su intervención, el presidente de Cocemfe recordó que el movimiento asociativo de la discapacidad ha recibido, además, “un nuevo golpe con la transformación de las convocatorias de ayudas a cargo del 0,7 del IRPF, lo que puede suponer la desaparición de entidades estatales y por lo tanto y más grave, la desatención de personas con enfermedades crónicas y/o minoritarias”.