Estas organizaciones explicaron, a través de un comunicado, que instan a sus afiliados a actuar esa jornada cómo si apoyaran el paro, aun cuando los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado no pueden hacer huelga.

Por este motivo, SUP, UFP, AUGC y UGC pidieron a policías nacionales y guardias civiles que el 8 de junio que cumplan la legalidad, pero que los agentes no tomen determinadas "iniciativas profesionales".

En concreto, se propone a los agentes que no lleven a cabo por propia iniciativa acciones "de identificación, investigación o cualquier otra materia, para que sea evidente en el resultado estadístico que ese día la Policía y la Guardia Civil estuvieron en huelga, aunque garantizando la libertad, la seguridad y los derechos de todos los ciudadanos".

Estos colectivos argumentaron que toman esta posición porque "los miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía verán recortados sus salarios por la imprevisión y mala gestión del Gobierno, que ha mantenido una actitud política de ceguera, negando la evidencia de los hechos y resultando por ello perjudicados los legítimos derechos de los profesionales de ambos cuerpos".