En rueda de prensa, denunció que no se puede poner a los funcionarios en la tesitura de obedecer las instrucciones de la Generalitat o del Estado porque tienen que acatar las dos y por ello la solución no puede ser judicial sino política.

Montero insistió en que los Mossos d´Esquadra, como los demás trabajadores públicos en Cataluña, tienen que "cumplir con sus obligaciones", y los políticos tienen que evitar "poner en riesgo" las instituciones o utilizarlas "de forma partidista".

Al concretar su denuncia, se refirió tanto a los "llamamientos" o "requerimientos" desde la Generalitat a esos funcionarios como a la "actitud irresponsable" del Gobierno central.

En el actual escenario, Unidos Podemos mantiene que "lo más sensato y respetuoso" con las instituciones es llegar a un acuerdo que permita a los catalanes expresarse con garantías.

Se mostró convencida de que después del 1 de octubre esa opción se verá como la única "clara y razonable" para solventar la crisis territorial e institucional, pero considera que se debería negociar "ya".

Aunque no ha visto el detalle de la iniciativa de Ciudadanos para respaldar al Gobierno y al Tribunal Constitucional, Montero denunció que el Ejecutivo se está comportando "como un contendiente más" elevando la tensión y sin aportar soluciones.

Pidió por ello al Gobierno que no utilice a los tribunales para "sustituir" el trabajo de los políticos y que negocie "de una vez" un referéndum pactado y con garantías que evite un "choque de trenes".

Montero se mostró convencida de que el PP "no entiende" la plurinacionalidad de España ni el concepto de "soberanías compartidas" y por ello apeló de nuevo al "compromiso histórico" de expulsar a ese partido del Gobierno para que se pueda "hablar más fácilmente" de ese referéndum pactado.