Así, dijo la ministra al término de la reunión con los consejeros autonómicos de Asuntos Sociales, si hasta ahora las CCAA recibían dinero sobre todo en función de su población potencialmente dependiente y de las solicitudes que tuvieran encima de la mesa, a partir de ahora y hasta 2013 se dará más importancia al número de beneficiarios que ya tienen asignado un servicio o una prestación económica por parte del sistema.

Además, prosiguió, se valorarán más la concesión de servicios que las prestaciones económicas, tal y como manda la Ley de Dependencia.

El dinero del nivel acordado lo reciben las comunidades del Estado una vez al año y para 2010 asciende a un total de 283 millones de euros.

Con el cambio de criterios para su reparto, el 44% de esta partida se otorgará en función de las personas potencialmente dependientes que haya en cada CCAA, y el 56% restante, de acuerdo al coste de los servicios, a la formación de cuidadores no profesionales, o al cumplimiento de acuerdos, entre otros aspectos.

En 2009, el reparto se hizo con una ponderación del 80% del total en función del número de posibles beneficiarios del sistema de dependencia y del 20% restante para el total de solicitudes recibidas.

Con los nuevos criterios acordados, que deberán servir hasta 2013 para que las comunidades puedan planificar mejor su trabajo, se pretende que el criterio de financiación vinculado a las personas potencialmente dependientes termine desapareciendo.

Para tener en cuenta los nuevos criterios, las CCAA deberán presentar sus datos al Estado el próximo 1 de julio, concretó la ministra.

DESACUERDO EXPRESO

Este cambio en el reparto del nivel acordado salió adelante con el desacuerdo expreso de la Comunidad Valenciana y de la gallega, según indicó Jiménez, a pesar de que otras autonomías manifestaron no compartirlo en su totalidad.

Y es que, a juicio de la consejera de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, con este nuevo modelo de financiación del nivel acordado esta región "sale perjudicada". Sólo en 2010, aseguró, la modificación le supondrá un recorte presupuestario de casi el nueve por ciento, lo que se traduce en tres millones de euros.